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La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión subrayan la trascendencia de la aprobación mayoritaria por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, del proyecto de ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Esta reforma acabará con una injusticia histórica para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre las que, actualmente, la ley prevé figuras de sustitución en la toma de decisiones contrarias a la Constitución española y a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Ambas organizaciones destacan el cambio que va a suponer en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo esta reforma, en especial en lo que atañe al Código Civil. Y destacan que el nuevo texto asume muchas de las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad, como las presentadas por Plena inclusión y la AEFT exigiendo no solo la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, sino también la prohibición de que entidades prestadoras de otros servicios sean las que apoyen en la toma de decisiones a las personas con discapacidad. De este modo se evitan posibles conflictos de intereses, o promoviendo la creación de figuras de apoyo graduadas en función de las necesidades de cada persona.